El pasado lunes 14 de abril, Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en lo que fue el primer encuentro del mandatario republicano con un líder latinoamericano durante su segundo mandato. Lejos de tratarse de un mero acto protocolar, la reunión —cargada de simbolismo— funcionó como un gesto político con un mensaje claro: Washington no solo busca transmitir a la región que «es mejor ser aliado que adversario de Estados Unidos», sino que, además, ya no guarda ningún compromiso —aunque tan solo fuese retórico— con la otrora bandera de la democracia y los derechos humanos en la región.

La reunión entre ambos mandatarios consolida la pretensión de Washington de externalizar y tercerizar su sistema carcelario, una intención que ya había tenido un primer capítulo importante durante la gira del jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, a principios de febrero, en su visita al país centroamericano. La Casa Blanca pretende ahondar en su alianza estratégica con El Salvador para garantizar la deportación masiva de migrantes acusados —sin pruebas— de ‘vinculación con pandillas’, así como de ciudadanos estadounidenses condenados por delitos violentos, instando al presidente Nayib Bukele para construir «cinco prisiones más» para albergar tantas personas “como sea posible”.

Durante la conferencia de prensa conjunta, Trump no ocultó su entusiasmo elogiando al mandatario salvadoreño. «Tengo la mejor relación con él», afirmó. El eje de la insólita “colaboración” consiste en que Estados Unidos paga a El Salvador para que reciba y encarcele a migrantes deportados. Según Trump, esto es solo el inicio: «Los delincuentes locales [estadounidenses] son los siguientes».

Según se supo recientemente, la mayoría de los 238 deportados en marzo no tenían antecedentes penales en EE.UU., salvo por delitos migratorios. Aun así, fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel salvadoreña denunciada por condiciones inhumanas.

El punto más controvertido de la reunión fue la mención a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño residente legal en Maryland bajo protección judicial desde 2019 debido a riesgos de persecución en su país. Pese a ello, fue deportado en marzo y recluido en el CECOT. La Corte Suprema de EE.UU. ha ordenado a la administración Trump «facilitar su regreso». Sin embargo, tanto la administración Trump como el presidente Bukele se vienen negando a obedecer la orden.

Durante la reunión, con tono irónico, Bukele afirmó: «¿Cómo puedo introducir ilegalmente a un terrorista en Estados Unidos? No tengo facultad para devolverlo». Trump respaldó esta postura, mientras su asesor Stephen Miller argumentó que Ábrego García «pertenece a El Salvador». La fiscal general Pam Bondi añadió que, si El Salvador accedía a devolverlo, EE.UU. proveería un avión, pero dejó claro que la decisión final era de Bukele.

La reunión Trump-Bukele sienta un precedente alarmante: la privatización de la justicia migratoria mediante acuerdos bilaterales opacos, donde países receptores asumen el costo humano a cambio de beneficios económicos o políticos. Mientras tanto, casos como el de Ábrego García quedan en un limbo, evidenciando que, para ambos gobiernos, la retórica de seguridad prevalece sobre el debido proceso.