La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha acelerado el trámite en la causa «Vialidad», que involucra a Cristina Fernández de Kirchner (CFK), expresidenta y actual líder del PJ, y que podría definir su futuro político. El máximo tribunal decidió enviar al Procurador General interino, Eduardo Casal, el recurso presentado por el fiscal de Casación, Mario Villar, quien solicita que se eleve la condena de seis a doce años de prisión por asociación ilícita, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta decisión ocurre en un contexto de fuerte presión político-mediático-empresarial para impedir que CFK sea candidata en las próximas elecciones.
En la Corte hay actualmente 17 recursos de queja relacionados con esta causa, que ya fue juzgada en primera y segunda instancia, donde CFK fue condenada por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez. El tribunal decidió pedir opinión al Procurador sobre el recurso del fiscal Villar, que respalda la postura de los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que la condena sea por asociación ilícita y no solo por fraude, lo que implicaría una pena mucho más severa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El dictamen del Procurador no es vinculante para la Corte, pero suele ser una señal importante sobre la dirección que podría tomar el tribunal. Se estima que Casal respaldará el pedido de Villar, lo que permitiría a la Corte avanzar en la causa y eventualmente confirmar o ampliar la condena contra CFK. Sin embargo, la Corte no ha fijado plazos para resolver y los tiempos pueden depender de factores políticos, especialmente el calendario electoral, ya que el cierre de listas para las elecciones legislativas es en agosto y la definición judicial podría afectar la posibilidad de CFK de postularse y obtener inmunidad parlamentaria.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner sostiene que el juicio estuvo plagado de irregularidades, señalando falta de imparcialidad en los jueces, ausencia de peritajes técnicos, pruebas forzadas y que no se le permitió responder adecuadamente a las acusaciones. Además, la defensa tiene recursos pendientes en la Corte para revertir la condena, argumentando que no hubo pruebas suficientes para la acusación de asociación ilícita y que la condena actual se basa en un análisis fragmentado y dogmático de las pruebas.
