Panamá y Costa Rica han implementado cuestionables medidas que “tercerizan” el flujo de migrantes deportados por Estados Unidos y que han sido denunciadas legalmente por diversos abogados y organismos de derechos humanos, pues a los migrantes se les confiscan pasaportes y teléfonos celulares, además de que se les restringe el acceso a servicios legales y el traslado a lugares remotos.
El aumento en las deportaciones desde Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump ha llevado a ambos países centroamericanos a recibir cientos de migrantes, muchos de ellos provenientes de Asia y Medio Oriente. Solo en febrero, Panamá registró la llegada de dos mil 200 migrantes.
Los gobiernos de ambos países han presentado la recepción de deportados como algo temporal y han argumentado que las medidas aplicadas tienen el fin de “proteger a los migrantes de traficantes de personas”. Ello ha generado fuertes críticas por parte organizaciones de derechos humanos que denuncian falta de transparencia y posibles violaciones a los derechos fundamentales de los migrantes. Además, se ha negado el acceso a periodistas y observadores a los centros donde se alojan los deportados. Un grupo de abogados ya presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de 112 migrantes detenidos en un campamento remoto en Panamá.
A pesar de las amenazas del presidente Trump sobre la “recuperación” del Canal de Panamá, las autoridades panameñas insisten en que sus acciones responden a intereses nacionales y no a presiones externas. Carlos Ruiz-Hernández, viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, afirmó que el país está trabajando con Estados Unidos para disuadir la migración irregular, pero también está brindando apoyo médico y psicológico a los deportados que deciden quedarse temporalmente.
Mientras tanto, los gobiernos de Costa Rica y Panamá enfrentan un dilema: seguir obedeciendo a las demandas de Estados Unidos y arriesgarse a una reacción negativa de sus propias poblaciones o enfrentarse a las presiones de la administración de Trump.
Lectura recomendada:
Jordana Timerman, “La diplomacia de la deportación: el alto costo de la política de Trump”, Cenital, 1 de marzo de 2025.
