El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) enfrenta una crisis institucional derivada de disputas internas y cuestionamientos legales en torno a la designación del Superintendente de Bancos. En el centro de la controversia se encuentra la facción conocida como la “Liga Azul”, integrada por los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz, vinculados políticamente al movimiento Revolución Ciudadana.

El conflicto se intensificó cuando la “Liga Azul” ratificó a Raúl González como Superintendente de Bancos, a pesar de una sentencia previa de la Corte Constitucional que invalidaba su nombramiento. Posteriormente, el 27 de enero, el CPCCS declaró la “ineficacia jurídica” de esta resolución, allanando el camino para que Roberto Romero von Buchwald asumiera el cargo. Este giro generó reacciones inmediatas: la Fiscalía, aliada del presidente Noboa, inició una investigación por presunta usurpación de funciones, lo que llevó al allanamiento de las oficinas del CPCCS. Mientras tanto, la Corte Constitucional activó una fase de seguimiento para garantizar el cumplimiento de su sentencia y solicitó al CPCCS información detallada sobre sus actuaciones administrativas.

En medio de esta crisis, el consejero Augusto Verduga solicitó vacaciones del 28 de enero al 12 de febrero y salió del país con destino a Colombia. Además, el Tribunal Contencioso Electoral tiene previsto resolver si los consejeros de la “Liga Azul” deben ser destituidos por haber recibido apoyo político durante su campaña, lo que podría constituir una infracción electoral.

Estos acontecimientos reflejan una tensión política fundamental en torno a la regulación del sector bancario, en un contexto de denuncias sistemáticas sobre el papel de la banca en el lavado de activos del crimen organizado.