La discusión sobre el Presupuesto General de la Nación en Colombia ha alcanzado un punto álgido: tras ser rechazado por el Congreso, el presidente Gustavo Petro recurrió a un decreto para aprobarlo. El enfoque de Petro, centrado en reducir subsidios a los sectores más adinerados y aplicar mayores cargas fiscales a las empresas extractivas, ha sido defendido como una medida para mejorar la equidad económica. El presidente sostiene que estos recortes no afectarán a los más vulnerables y que buscan aliviar la presión sobre la clase media y redistribuir la riqueza.

No obstante, su postura ha generado críticas desde la oposición. En un acalorado debate, la senadora María Fernanda Cabal expresó que las políticas de Petro podrían agravar la carga tributaria de la clase media, que ya enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales. Además, la Contraloría General ha advertido sobre la necesidad de corregir ineficiencias en la gestión del gasto público para evitar un desbalance fiscal mayor.

En este escenario, el gobierno de Petro busca implementar una Ley de Financiamiento, presentada por el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Este proyecto busca cubrir el presupuesto de 2025 con nuevos impuestos, por una parte, y trayendo la regla fiscal del 2026 para 2025, para así reunir los $12 billones faltantes. La situación refleja la complejidad del panorama económico en el país, con profundos desacuerdos políticos sobre las medidas necesarias para equilibrar las cuentas fiscales y estimular el crecimiento económico.