El conflicto entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la vicepresidenta, Verónica Abad, ha seguido escalando en los últimos días, reflejando profundas divisiones dentro del gobierno. Este enfrentamiento, que parece haber tenido sus raíces desde la campaña electoral, se ha manifestado en acciones y declaraciones públicas que han dejado claro el distanciamiento entre ambas figuras. Este conflicto afecta directamente la dinámica interna del gobierno. En un contexto en el cual el juicio político a la fiscal general, Diana Salazar y las crisis económica están tensionando la estabilidad de Ecuador, la discordia entre Noboa y Abad añade un nuevo nivel de incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para manejar los desafíos actuales.
Las acusaciones contra Salazar, reflejan un trasfondo de descontento generalizado con las instituciones y muestra la crisis de gobernabilidad en el país. Desde la oposición se acusa a Salazar de “incumplimiento de funciones” por retrasos en procesar casos como el de Encuentro (que involucran al círculo cercano de Guillermo Lasso) e INA Papers (donde se investiga al expresidente Lenín Moreno). También la acusan de irregularidades en el proceso contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, que fue investigado por abuso sexual. A eso se suma, según los interpelantes, que Salazar no ha investigado a los vacunados VIP, como se los llamó a los funcionarios públicos y sus familiares que accedieron primero a las vacunas contra el coronavirus durante la pandemia.