Comenzaron las mesas de diálogo convocadas por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, con el objetivo de revisar y reformar las leyes electorales del país. Esta iniciativa, que se enmarca en los preparativos para las elecciones presidenciales de 2025, tiene como centro la revisión de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y las normativas relacionadas con los partidos políticos. Rodríguez planteó que estas reformas son necesarias para garantizar que, en sus palabras, “nunca más un fascista vuelva a ser candidato” en Venezuela. Los críticos de esta iniciativa señalan que se busca modificar las reglas del juego electoral para favorecer al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y han subrayado la necesidad de crear comisiones dentro de la Asamblea Nacional para abordar estas reformas.
Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es excluir de los procesos electorales a aquellos actores políticos que, desde la perspectiva del chavismo, han solicitado sanciones internacionales o “invasiones extranjeras” para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Para el oficialismo, estas posturas son consideradas antipatrióticas y, por lo tanto, deben ser penalizadas con la inhabilitación política. Jorge Rodríguez ha dejado claro que la Asamblea Nacional es el único espacio legítimo para el diálogo político, descartando otros foros o iniciativas de negociación. Este enfoque refleja la intención del gobierno de centralizar las discusiones políticas en la AN, un órgano mayoritariamente oficialista desde el 2020.
Por su parte, la oposición ha rechazado en su mayoría la convocatoria al diálogo, argumentando que se trata de un proceso manipulado que busca modificar las reglas electorales de manera unilateral de cara a las próximas elecciones presidenciales. Líderes opositores han señalado que no existen garantías de transparencia ni condiciones democráticas para participar en un diálogo que, en su opinión, ya está controlado por el chavismo. Esta negativa ha dejado al oficialismo con pocas opciones para avanzar en una negociación que sea vista como inclusiva o imparcial por la comunidad internacional. A pesar de este rechazo, algunos analistas y figuras políticas, como Johel Orta, han señalado que la oposición podría estar cometiendo un error al autoexcluirse de la convocatoria, permitiendo que el oficialismo avance con sus reformas sin oposición o contrapesos.
El diálogo convocado por la AN también enfrenta desafíos internos dentro del oficialismo. Aunque Rodríguez ha insistido en que el proceso es transparente y abierto a todas las fuerzas políticas, la falta de participación de actores clave de la oposición ha generado dudas sobre la viabilidad y efectividad de las conversaciones. En este contexto, algunos informes sugieren que la convocatoria ha perdido fuerza, con un número cada vez menor de actores dispuestos a sentarse en la mesa de negociación.
