El conflicto entre el gobierno central y las autoridades locales ha escalado este jueves en torno a la publicación del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de los resultados del reciente censo de población, el cual reveló una cifra de 11.312.620 habitantes, un número notablemente menor al que se había proyectado. Esto ha generado fuertes críticas, especialmente desde Santa Cruz, donde actores cívicos y políticos, incluido el gobernador opositor Luis Fernando Camacho, han calificado el censo como un «fraude».
El censo poblacional tiene gran relevancia ya que la Constitución boliviana establece que los escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional se distribuyen en función de la población de cada departamento. Según los resultados se ajusta esta representación, asegurando que las regiones más pobladas tengan una representación proporcional a su número de habitantes. También influyen en la distribución de recursos económicos desde el gobierno central hacia los departamentos y municipios.
Esta tensión se enmarca en una disputa que lleva varias décadas entre las regiones más y menos pobladas, especialmente entre las del oriente y occidente del país. En particular Santa Cruz que es crucial para la economía de Bolivia debido a su papel como principal motor agroindustrial, su riqueza en recursos naturales, y su rápido crecimiento demográfico y económico. Es un centro de producción y exportación de alimentos, un hub industrial y logístico, y un territorio que atrae inversiones nacionales e internacionales. Además, representa el núcleo de la oposición más dura contra el proceso iniciado por Evo Morales. Los líderes políticos santacruceños han protagonizado intentos de desestabilización y hasta golpes de Estado como en 2019.
