Los eventos de violencia extrema no cesan en el país. El 17 de enero, la jueza María Belén Chérrez, de la Unidad Judicial de La Libertad en la provincia de Santa Elena, fue víctima de un atentado mientras se desplazaba en su vehículo. Dos individuos en motocicleta le dispararon en múltiples ocasiones, hiriéndola gravemente. Por otro lado, el pasado 20 de enero, en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, tres jóvenes fueron asesinados mientras comían en un restaurante. Un hombre armado ingresó al local y disparó repetidamente contra las víctimas.

En este contexto, el pasado 23 de enero, la Policía Nacional desplegó el operativo Apolo 3 en Guayaquil en colaboración con las Fuerzas Armadas. Participaron alrededor de mil agentes que inspeccionaron aproximadamente 300 viviendas en sectores como Barrio Lindo. El objetivo fue desarticular células de la organización delictiva Los Tiguerones. En el operativo se descubrieron sistemas de videovigilancia clandestinos utilizados por los delincuentes para monitorear las calles y detectar la presencia policial. Es la primera vez que se registra una infraestructura de este tipo, marcando un nuevo hito del poder de las bandas criminales.

Por su parte, Andrés Durán, candidato a asambleísta del Movimiento Reto, presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunta asociación ilícita, implicando a miembros de las Fuerzas Armadas y bandas criminales en actividades ilegales relacionadas con el poliducto Pascuales-Cuenca. Según Durán, hay conexiones entre personal militar y organizaciones delictivas en el denominado “pinchazo” o sustracción ilegal de combustible de dicho poliducto. Esta denuncia busca que se investiguen posibles actos de corrupción y colusión entre actores estatales y el crimen organizado.