Simultáneamente, Perú ha sido golpeado por una crisis ambiental con incendios forestales activos en regiones como Lambayeque, Cajamarca, y Huánuco, lo que llevó al gobierno a declarar estado de emergencia en esas zonas. Estos incendios han afectado no solo los ecosistemas locales, sino también la economía regional.

Por su parte, continúan una serie de atentados en zonas mineras que han resultado en víctimas mortales.

El gobierno de Boluarte parece atrapado entre múltiples frentes de conflicto: los retos judiciales que erosionan su legitimidad, las crisis sociales derivadas de paros y huelgas, y las emergencias ambientales que afectan el tejido productivo del país. Estos eventos pueden llevar a una profundización de la inestabilidad política, ya que las bases sociales del gobierno están debilitándose, y la oposición utiliza las investigaciones judiciales como un recurso para presionar al Ejecutivo.