Las tensiones políticas dentro del gobierno interino de transición de Haití se profundizaron el jueves 22 de diciembre, cuando el Consejo Presidencial de Transición manifestó formalmente su intención de destituir al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé. La decisión expone una fractura interna a pocos días de que concluya el mandato del propio Consejo, previsto para el 7 de febrero de 2026.

El Consejo adoptó, por mayoría calificada, una resolución para cesar a Fils-Aimé y nombrar a un nuevo primer ministro surgido del mismo gobierno interino. El proceso contempla un plazo máximo de 30 días para concretar el relevo. Voceros del Consejo, entre ellos Edgard Leblanc Fils y Leslie Voltaire, confirmaron públicamente que “la decisión está tomada” y que el procedimiento administrativo avanza hacia su publicación oficial.

Analistas políticos advirtieron que, de concretarse la destitución, podría generarse un vacío de poder en un momento particularmente sensible para el país. Esta situación coincide con avances recientes de las fuerzas de seguridad haitianas en su lucha contra las bandas armadas que controlan amplias zonas del territorio nacional, tras años de deterioro de la seguridad.

La iniciativa del Consejo provocó reacciones inmediatas de la comunidad internacional. Estados Unidos, Canadá y las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el posible impacto desestabilizador de la medida. En Washington, legisladores republicanos de la Cámara de Representantes difundieron un mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe en el que se advierte sobre las graves consecuencias de cualquier intento de “modificar la composición del gobierno por parte de un consejo presidencial no electo”.

En un comunicado publicado en la red social X, la embajada estadounidense en Haití señaló que Washington consideraría que cualquier persona que apoye una iniciativa “desestabilizadora y favorable a las pandillas” estaría actuando en contra de los intereses de Estados Unidos, de la región y del pueblo haitiano, y advirtió que se adoptarían las medidas correspondientes.

En paralelo a la crisis política, continúa el despliegue de la fuerza internacional de apoyo a la seguridad. El martes 21 de enero, el enviado de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz, indicó que la misión debería alcanzar su dotación máxima de cinco mil 500 efectivos para el verano boreal o, a más tardar, para el otoño, aunque no precisó el origen de las tropas adicionales. Actualmente, alrededor de mil policías —en su mayoría provenientes de Kenia— se encuentran desplegados en Haití, en un proceso marcado por retrasos y una severa falta de financiamiento.