El Gobierno de Guatemala declaró un estado de emergencia nacional por un período de 30 días luego de una escalada de violencia que incluyó motines coordinados en centros penitenciarios y el asesinato de ocho agentes de la Policía Nacional Civil. La medida fue anunciada el domingo 18 de diciembre por el presidente Bernardo Arévalo, tras una serie de ataques atribuidos a estructuras criminales.

Según informaron las autoridades, los asesinatos de los policías ocurrieron en la Ciudad de Guatemala y sus alrededores durante al menos diez ataques simultáneos contra comisarías. El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, señaló en conferencia de prensa que los responsables serían “terroristas”, quienes habrían actuado en represalia por las acciones del Gobierno contra el crimen organizado.

Un día antes de los ataques, reclusos afiliados a pandillas tomaron como rehenes a 46 personas en tres cárceles del país. Los amotinados exigían el traslado de líderes pandilleros a centros penitenciarios de menor seguridad y la concesión de otros privilegios. El presidente Arévalo afirmó posteriormente que el Estado recuperó el control de los centros carcelarios y que todos los rehenes fueron liberados.

El estado de emergencia, que debe ser aprobado por el Congreso —actualmente controlado por la oposición—, suspende temporalmente el derecho de reunión y permite la detención e interrogatorio de personas sin orden judicial. De acuerdo con el Ejecutivo, la medida busca fortalecer la capacidad del Estado para combatir a las bandas criminales responsables de los recientes hechos violentos.

El presidente del Congreso, el opositor Luis Contreras, hizo un llamado a la unidad nacional para enfrentar lo que calificó como “uno de los momentos más dolorosos y desafiantes” en la historia reciente del país.

El Gobierno atribuyó los ataques principalmente a la pandilla Barrio 18, organización que fue designada como terrorista extranjera por Estados Unidos en septiembre pasado. El presidente Arévalo anunció además su intención de colaborar con el FBI y otras agencias estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En el marco del estado de emergencia, el gobierno informó que al menos 293 personas fueron detenidas durante las primeras 48 horas, entre ellas 23 pandilleros, ya sea sorprendidos en flagrancia o con órdenes de captura pendientes. Asimismo, reiteró la necesidad de impulsar una reforma integral del sistema penitenciario, señalado por operar bajo altos niveles de corrupción y falta de control estatal.

Lectura recomendada: «Presidente Bernardo Arévalo habla sobre las pandillas que operan en Guatemala» en CNN en Español