El crimen organizado en Ecuador, especialmente en la región costera, no da tregua. Algunos especialistas comparan la situación de Guayaquil y Durán con lo que acontece en Sinaloa, México. En ambas ciudades se registraron enfrentamientos, ataques armados, asesinatos y cuerpos calcinados. Incluso en Quito se reportó un ataque armado que dejó saldo de cinco personas fallecidas.
Toda la semana se administraron cortes programados de luz en el país por la crisis hídrica y de mantenimiento estatal a la infraestructura eléctrica. Además de las expresiones de temor de la ciudadanía, el sector privado lanzó fuertes críticas al gobierno nacional por esta situación. María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámaras de Industrias y Producción, rechazó la “negligencia” estatal y advirtió que los cortes generan pérdidas diarias por hasta 25 millones de dólares.
Finalmente, Quito, capital del país, fue azotada con fuertes incendios provocados intencionalmente por individuos aún no identificados. El presidente Noboa advirtió que estas acciones fueron llevadas a cabo por grupos terroristas que quieren desestabilizar al país. De esta forma, el gobierno nacional sigue apelando a la narrativa del terror para procesar las múltiples crisis que vive Ecuador.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a cargo del poder estatal de transparencia y participación, debe llevar a cabo la selección del nuevo o nueva Fiscal General del Estado, cargo actualmente ocupado por Diana Salazar, cuyo mandato vence en abril de 2025. Al respecto, el 11 de septiembre dicho Consejo expidió un reglamento para avanzar en este sentido. No obstante, esta semana el juez constitucional Vicente Pico concedió una medida cautelar para ordenar la suspensión del proceso hasta que el CPCCS no reforme dicho reglamento. El CPCCS emitió un comunicado oficial rechazando la decisión judicial. En el documento, la institución acusa al fallo de permitir la postulación de candidatos que defendieron causas relacionadas con el crimen organizado.
Por su parte, la Vicepresidenta Verónica Abad solicitó formalmente a la Asamblea Nacional que fiscalice a la Canciller, Gabriela Sommerfeld, y a la Ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, por “persecución política”. Esto sucede en el marco de la disputa que mantiene con el Presidente Noboa. Según las autoridades previamente mencionadas, Abad habría incumplido una orden directa del presidente sobre trasladarse a Turquía, lo que podría ser razón para su destitución.
Finalmente, en el contexto electoral, Daniel Noboa envió una nueva propuesta de reforma parcial a la Constitución para poner fin al financiamiento de los partidos y movimientos políticos con dinero público. Esto no sólo beneficiaría a las fuerzas políticas que representan a los sectores más ricos del país, sino que también abriría la puerta al financiamiento ilegal, en el marco de la creciente captura narco-criminal de las estructuras estatales.
