Cristina Fernández de Kirchner confirmó recientemente su candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 7 de septiembre de 2025. El distrito está compuesto por cuatro millones 999 mil 290 personas habilitadas para votar, según datos de 2023 de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. De este modo, es la sección electoral con mayor cantidad de electores de la provincia, por encima de la Primera Sección Electoral. En una entrevista televisiva, la exmandataria justificó su decisión como un intento de fortalecer al peronismo bonaerense, subrayando la importancia estratégica de la provincia para el futuro del espacio político. Cristina advirtió que un mal resultado en septiembre podría afectar negativamente al peronismo en las elecciones nacionales de octubre, y criticó la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales, aunque finalmente aceptó la medida, evidenciando un cambio en la dinámica interna del peronismo bonaerense.
La postulación de Cristina Kirchner ocurre en un contexto judicial complejo. En 2022, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en la causa Vialidad, sentencia que fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023. Sin embargo, la condena aún no está firme ya que su defensa presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que todavía no se expidió. Esto le permite competir electoralmente, dado que la provincia de Buenos Aires no cuenta con una ley de “Ficha Limpia” que impida candidaturas con condenas no firmes, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional.
La candidatura ha generado un fuerte impacto en el escenario político. Mientras referentes peronistas celebraron la decisión de Cristina y destacaron su “coraje militante”, sectores de la oposición y del oficialismo nacional la criticaron duramente, señalando que busca fueros para protegerse judicialmente. Además, la situación judicial de la exmandataria mantiene en vilo tanto a la dirigencia política como a la opinión pública, ya que un fallo adverso de la Corte Suprema antes de la oficialización de candidaturas podría dejarla fuera de la contienda. Si la sentencia se conociera después de las elecciones y Cristina resultara electa, especialistas sostienen que la inhabilitación no se aplicaría retroactivamente, aunque la Cámara de Diputados podría debatir su “inhabilidad moral” para asumir el cargo.
En este marco, Cristina Fernández de Kirchner ha reforzado su discurso de persecución política, denunciando “lawfare” y comparando su situación con la de otros líderes internacionales en conflicto con la justicia. Su postulación, más allá de lo electoral, se interpreta como una estrategia para mantener centralidad política en un peronismo fragmentado.
