En un contexto de extrema inestabilidad social, institucional y humanitaria, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha solicitado 46 millones de dólares para asistir a más de dos millones de haitianos que enfrentan una situación crítica de inseguridad alimentaria. El llamamiento fue realizado por Lola Castro, directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para América Latina y el Caribe, tras su reciente visita a Haití, donde la violencia de las pandillas ha desplazado a más de un millón de personas y ha dejado a más de la mitad de la población en necesidad urgente de alimentos.

Según Castro, dos millones de personas se encuentran en las dos categorías más graves de la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), y 8.500 viven en la Fase 5, considerada catastrófica. Haití es actualmente uno de los cinco países del mundo que presentan personas en esta fase, lo que implica hambruna extrema, indigencia y riesgo inminente de muerte. La situación es especialmente alarmante al tratarse del hemisferio occidental, donde hasta hace poco no se registraban niveles de hambre tan críticos.

La falta de un liderazgo político estable ha agravado el colapso del Estado haitiano. A pesar del envío de una misión de apoyo liderada por fuerzas policiales de Kenia, la falta de personal y recursos limita su capacidad de respuesta, cubriendo solo el 40% de los efectivos previstos inicialmente.

Mientras tanto, el PMA enfrenta una reducción drástica de sus fondos, principalmente debido al recorte de aportes de Estados Unidos, que en 2024 financió casi la mitad del presupuesto de la agencia. Actualmente, solo hay reservas alimentarias hasta julio, lo que imposibilita atender emergencias o responder a catástrofes naturales como huracanes. “Empezamos la temporada de huracanes con un almacén vacío”, alertó Castro, subrayando la gravedad de la situación humanitaria.

La crisis ha hecho que el gobierno provisorio contrate “militares privados” (mercenarios). El envío de ex-militares por parte del fundador de Blackwater, Erik Prince, marca un preocupante precedente sobre el uso de mercenarios en contextos de colapso estatal. Organizaciones humanitarias advierten que esta práctica puede agravar la violencia y socavar los esfuerzos multilaterales para alcanzar una paz duradera y legítima.

En paralelo, la República Dominicana ha endurecido sus políticas migratorias contra los haitianos que cruzan la frontera buscando refugio. En lo que va del 2025, más de 150 mil haitianos han sido deportados. Redadas en hospitales, detenciones de mujeres en posparto y niños, y nuevas barreras fronterizas forman parte de una estrategia impulsada por el presidente dominicano Luis Abinader, que ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales como la ONU, por violar los derechos humanos de personas en condiciones extremadamente vulnerables. Incluso el Vaticano se ha pronunciado ante la alarmante situación.