La organización Cristosal, considerada “la principal defensora de los derechos humanos” en El Salvador, ha anunciado su salida del país debido al incremento del acoso, amenazas legales y persecución por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Tras 25 años de trabajo continuo, la organización suspendió sus operaciones en territorio salvadoreño y trasladó parte de su personal a Guatemala y Honduras, según informaron en un comunicado.

Cristosal, fundada en el año 2000 por obispos anglicanos tras la guerra civil salvadoreña, ha sido una de las voces más críticas contra los abusos cometidos durante la llamada «guerra contra las pandillas» impulsada por Bukele. La organización ha documentado detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y el encarcelamiento ilegal de personas, incluidos venezolanos deportados desde Estados Unidos.

La situación se volvió insostenible en junio, cuando su directora de anticorrupción y justicia, Ruth López, fue arrestada por presunto enriquecimiento ilícito. Durante su comparecencia judicial, López denunció ser una presa política y exigió un juicio público. Cristosal negó las acusaciones y denunció que la detención formaba parte de una campaña de criminalización y persecución contra su personal.

El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, aseguró que la presión del gobierno ha llegado a un punto de inflexión. “El claro ataque contra nuestra organización nos ha obligado a elegir entre el exilio o la prisión”, declaró Bullock en una reciente entrevista. Según él, empleados de la organización han sido vigilados, sus teléfonos intervenidos con programas como Pegasus y han sido objeto de campañas de difamación. La aprobación en mayo de una ley de «agentes extranjeros» permite al gobierno perseguir judicialmente a entidades que reciben financiamiento internacional.