La tensión en el gobierno argentino se intensificó tras un cruce de declaraciones entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en relación al secuestro del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela. Villarruel criticó abiertamente a Bullrich y afirmó que nunca habría autorizado el viaje del gendarme a Venezuela, lo que generó una respuesta contundente de la ministra, quien acusó a su colega de oportunismo político. Este enfrentamiento ha puesto en jaque la estabilidad institucional del oficialismo y ha reavivado las pugnas dentro del gabinete de Javier Milei.

La relación entre las funcionarias había sido generalmente cordial, pero acumularon tensiones desde diciembre del 2023, cuando Milei asignó a Bullrich al Ministerio de Seguridad sin consultar a Villarruel, allegada al Ejército y a las fuerzas de Seguridad. La vicepresidenta había solicitado hacerse cargo de ambas carteras para implementar sus propias políticas.

Villarruel ha sido excluida progresivamente de las decisiones importantes del gobierno, debilitando su influencia política. Su ausencia en reuniones clave y su falta de participación en decisiones legislativas han sido evidentes. La situación se complicó aún más tras la destitución del aliado del gobierno en el Senado, Edgardo Kueider, lo que dejó a Villarruel en una posición vulnerable. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, intentó mediar entre las facciones enfrentadas, pero finalmente reconoció que los conflictos internos podrían poner en riesgo la gestión de Milei.