La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba aprobó este jueves 18 de junio el paquete de reformas económicas y sociales más profundo impulsado por el país en décadas. La decisión fue debatida durante una sesión extraordinaria celebrada un día después de que el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) diera su visto bueno a las medidas en un pleno de carácter urgente.

La Asamblea aprobó un total de 176 medidas agrupadas en 23 ejes temáticos, centrados principalmente en aspectos económicos, sociales y de reorganización del aparato estatal. Se trata de un conjunto de iniciativas que modifica de manera significativa el funcionamiento del modelo económico cubano, otorgando un mayor protagonismo al mercado, a la iniciativa privada y a la inversión de capital.

Su alcance supera incluso al proceso de actualización económica iniciado en 2011 y apunta a una transformación estructural sin precedentes en el modelo de funcionamiento del país. Las reformas llegan en medio de uno de los períodos más complejos para la economía cubana desde el triunfo de la Revolución en 1959.

Durante el debate parlamentario, el presidente Miguel Díaz-Canel defendió la necesidad de los cambios y rechazó que respondan a presiones externas. En referencia a la difícil situación económica y social que atraviesa la isla, afirmó que las reformas son resultado de una reflexión interna y de la madurez alcanzada por el proceso político cubano. “No estamos haciéndolo por las presiones de los yanquis, sino porque hemos llegado a un momento de madurez y de reflexión”, expresó el mandatario.

Entre las medidas más relevantes figura una profunda reestructuración del aparato administrativo del Estado, que reducirá el número de ministerios de 27 a 20 y otorgará mayores niveles de autonomía a los municipios para la gestión de sus asuntos económicos y administrativos.

Asimismo, se introduce una reformulación del sistema de planificación económica centralizada y del funcionamiento de las empresas estatales. Tradicionalmente caracterizadas por una limitada autonomía operativa y subordinadas a las decisiones administrativas de los ministerios y a los planes centrales, estas entidades podrán ahora seleccionar libremente a sus proveedores y clientes. Además, los precios de sus operaciones serán determinados por el mercado y no por tarifas fijadas centralmente.

Otro cambio significativo es la eliminación del rescate financiero automático por parte del Estado. A partir de la nueva normativa, las empresas estatales enfrentarán la posibilidad real de quiebra y liquidación. Además, se autoriza su transformación en sociedades mercantiles por acciones, abriendo la puerta a procesos de privatización parcial mediante la adquisición de participaciones por inversionistas nacionales o extranjeros.

En el ámbito de la propiedad privada, las reformas amplían considerablemente el margen de actuación del sector empresarial. Desaparece el límite máximo de 100 trabajadores que podían contratar las empresas privadas y se autoriza que una misma persona sea propietaria de varias compañías de manera simultánea. Esta disposición facilita la creación de grupos empresariales, holdings y estrategias de diversificación de inversiones dentro del país.

Igualmente, se permitirá la constitución de sociedades anónimas (S.A.) por acciones, una figura jurídica inexistente hasta ahora en la legislación cubana. Este mecanismo posibilita la compra y venta de participaciones empresariales, introduciendo nuevas formas de inversión, asociación financiera y acumulación de capital.

Las transformaciones también alcanzan al sector agropecuario. Las nuevas disposiciones autorizan a empresas privadas a recibir tierras estatales en usufructo, una facultad que anteriormente estaba reservada exclusivamente a personas naturales y cooperativas agrícolas. Además, los productores podrán importar directamente insumos sin necesidad de intermediación estatal, mientras que los topes de precios serán eliminados para dejar su regulación en manos de la oferta y la demanda.

Otro de los cambios más relevantes es la apertura de la Inversión Extranjera Directa (IED) en empresas privadas cubanas, una modalidad hasta ahora prohibida. La nueva legislación permitirá que capitales extranjeros participen directamente en negocios privados nacionales, marcando un cambio de paradigma en la estructura económica de la isla.

En conjunto, las reformas aprobadas sientan las bases de un modelo económico mixto en el que el Estado mantiene un papel relevante mediante empresas públicas y organismos reguladores, pero amplía de forma significativa el espacio para los mecanismos de mercado, la iniciativa privada y la acumulación de capital. Por su alcance y profundidad, constituyen la transformación más importante del modelo económico cubano desde la declaración del carácter socialista de la Revolución.

No obstante, el principal desafío estará en la implementación de las medidas. La magnitud de los cambios provocará una profunda reestructuración del marco jurídico vigente, lo que exigirá actualizar numerosas normas existentes y elaborar otras nuevas. En este contexto, la capacidad institucional para ejecutar las reformas con rapidez y eficacia será puesta a prueba en los próximos años.