El martes 8 de abril el presidente Maduro firmó el decreto de emergencia económica en el marco de las consecuencias ocasionadas por el contexto internacional y la guerra económica desatada contra el país. En un acto realizado en Caracas, el presidente anunció la firma de este decreto y anunció el envío del mismo tanto a la asamblea nacional como a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia para su aprobación como dicta la Constitución. Este decreto da la facultad constitucional de poder, durante un lapso de dos meses, elaborar y accionar distintos proyectos de políticas económicas para defender la economía nacional.
Por el lado de la oposición, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha manifestado el rechazo al decreto al considerar que no solamente no resolvería los problemas económicos, sino que éste permitiría una mayor discrecionalidad en las decisiones políticas del gobierno, llevando a una mayor concentración del poder por parte del presidente.
Entre los puntos a destacar del decreto podemos encontrar en el punto 2 la suspensión del cobro de tributos y trámites administrativos para proteger la industria nacional. Así mismo, en el punto 6 se da facultad al presidente para poder establecer porcentajes y mecanismos de compras obligatorias por parte del Estado de la producción nacional para favorecer la sustitución de importaciones.
