La dirigente de Revolución Ciudadana (RC) y excandidata presidencial Luisa González fue detenida en Canuto, zona rural de Chone, en la provincia de Manabí, en la madrugada del jueves 22 de octubre, en el marco del caso Laberinto, una investigación de la Fiscalía por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023. La Fiscalía informó que ejecutó órdenes de detención contra tres personas en Pichincha y Manabí y que siete están bajo investigación. Tras una audiencia de formulación de cargos que se instaló la noche del jueves, el juez Harry Navarrete dictó el viernes 23 de octubre prisión preventiva contra González, Santiago Díaz y Wendy Onofre, a pedido de la Fiscalía. Estefanía Molina recibió medidas sustitutivas: prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y grillete electrónico. La Fiscalía abrió además una etapa de instrucción fiscal de 90 días.
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023 de González y Andrés Arauz, su compañero de fórmula. Según la tesis de la Fiscalía, el dinero habría provenido de la comercialización ilegal de combustibles. El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, informó que la investigación busca establecer el origen y el destino de 500 mil dólares e incluye a González y a otras ocho figuras de la RC, como mínimo. Según información preliminar del expediente, González habría recibido al menos 500 mil dólares del entramado societario de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, quien permanece preso en la cárcel de máxima seguridad con dos sentencias de primera instancia. La Unidad de Análisis Financiero reportó, además, operaciones inusuales, entre ellas movimientos de fondos superiores a 400 mil dólares sin justificación identificada.
González ha negado la acusación y advirtió que su rol fue de candidata y no estaba encargada del manejo del dinero. La RC calificó la detención de “arbitraria e inconstitucional” y sostuvo que la causa se origina en una discrepancia administrativa de 6 mil 100 dólares en las cuentas de campaña. El movimiento afirmó además que las autoridades no han informado dónde permanece González ni han permitido el acceso de su defensa, y que activó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El expresidente Rafael Correa escribió en redes sociales: “Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!!”. La presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, pidió la intervención de la comunidad internacional y afirmó: “Se consolida el régimen dictatorial”. Los asambleístas Guido Mendoza y Viviana Veloz también denunciaron el procedimiento. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sostuvo que “nada es casualidad”: “Suspenden partidos, adelantan elecciones, detienen a dirigentes de oposición en plena campaña”.
Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, acompañado de la bancada oficialista, afirmó que “no se puede decir que cualquier investigación que se da y que coincide con el periodo electoral es por persecución”. La detención se produjo a 38 días de las elecciones locales del 29 de noviembre, en un contexto de creciente tensión entre el gobierno del presidente Daniel Noboa y la oposición correísta. La RC está suspendida por nueve meses desde el 6 de marzo por una investigación distinta, el caso Caja Chica; la Corte Constitucional ratificó la sanción el 3 de julio, y la suspensión le impide participar en esos comicios.
