El gobierno de Dina Boluarte promulgó la polémica Ley de amnistía, que concede impunidad a militares y policías implicados en delitos contra los derechos humanos. La promulgación de la ley se realizó a pesar del rechazo y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había solicitado al Estado peruano que no la aplicara en casos como los de Barrios Altos y La Cantuta.

La promulgación de la ley generó un amplio rechazo a nivel nacional e internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó la medida como «un retroceso en la búsqueda de justicia». Por su parte, la Fiscalía peruana rechazó la ley y la calificó de «inconstitucional» e «jurídicamente inviable», lo que abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.