Mientras la Cámara de Diputados de México aprobó en lo general y en lo particular la reforma judicial, los detractores se hicieron oír a través de publicaciones en medios anglosajones como The Financial Times o The Wall Street Journal. Las críticas versan sobre la supuesta falta de independencia que tendrá la Justicia luego de la reforma, haciendo una comparación directa e injustificada con los casos de Rusia o Venezuela, donde, según ellos, se ha “politizado la justicia” acabando con la independencia de los tribunales y agencias reguladoras independientes. Sus argumentos remiten a una operación mediática que prioriza los intereses empresariales frente a los intereses del pueblo mexicano y su gobierno.

Aprobada con 357 votos a favor y 130 en contra, la propuesta de reforma pasa al Senado mexicano para su análisis y posible aprobación (el oficialismo necesita un voto de la oposición para que se convierta en ley). Los diputados nacionales de todos los grupos parlamentarios presentaron 610 reservas que fueron desechadas casi en su totalidad.

En tanto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, inició dos consultas al Pleno para determinar si el máximo tribunal puede intervenir, a petición de jueces y magistrados, para que se defienda la “independencia judicial”; sin embargo, suspender el proceso legislativo es una medida que no tiene precedente en México, ya que para determinar sobre la constitucionalidad de una norma la misma debería, lógicamente, ser aprobada primero. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “no hay ningún fundamento constitucional, sería una arbitrariedad y esto afectaría la vida pública, afectaría desde luego lo que debe ser un auténtico estado de derecho, sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia, ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios y que son partidarios de la corrupción abiertamente”.

La respuesta social se vio en las calles a lo largo de toda la semana. Gran parte de los trabajadores judiciales hicieron paros y movilizaciones para manifestar su malestar y oposición a la reforma que en nada afectaría sus puestos laborales, ya que solo modifica la modalidad de elección de los cargos de jueces, magistrados y ministros. En contraposición, hubo marchas a favor de la reforma constitucional convocadas por el sector estudiantil: “Más democracia y menos dedocracia” fue uno de los lemas más sobresalientes durante los recorridos urbanos.