Una nueva ola de violencia vinculada al crimen organizado ha dejado al menos 25 muertos en Honduras tras registrarse dos masacres con pocas horas de diferencia en el norte del país el jueves 21 de mayo. Los hechos ocurrieron apenas días después de que el Congreso aprobara una serie de reformas en el Código Penal que eleva hasta 20 años de prisión las penas por extorsión y habilita la cadena perpetua en caso de que la víctima fallezca.

El primer ataque se produjo en la madrugada del jueves en la comunidad de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón. Al menos 20 trabajadores de una finca de palma africana fueron asesinados mientras se preparaban para iniciar su jornada laboral. Entre las víctimas había tres mujeres, dos menores de edad y 15 hombres, según detallaron las autoridades, que continúan con los procesos de identificación y entrega de cuerpos a sus familiares.

Horas después, un segundo episodio violento sacudió el municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, fronterizo con Guatemala. Cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMCO) murieron durante un operativo contra una estructura vinculada al narcotráfico. De acuerdo con la Policía Nacional, los agentes participaron en un allanamiento en la aldea de Corinto “sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial correspondiente”.

La Secretaría de Seguridad admitió que durante la operación “aparentemente hubo un fuerte enfrentamiento entre delincuentes y policías, siendo estos superados por la estructura criminal, raptados y posteriormente asesinados”. Las autoridades confirmaron posteriormente que los cuerpos de los agentes presentaban múltiples impactos de bala, señales de tortura y que fueron desmembrados y parcialmente quemados en una zona montañosa de Corinto.

Según los reportes policiales, el operativo tenía como principal objetivo localizar y capturar a Heber Argueta, considerado un objetivo de alto interés por organismos de inteligencia hondureños. Las investigaciones señalan que la estructura criminal vinculada a Argueta operaría en los departamentos de Colón, Atlántida y Cortés, zonas históricamente utilizadas por organizaciones del narcotráfico debido a sus rutas marítimas y fronterizas. Las autoridades sostienen además que Argueta tendría presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mientras continúan las investigaciones, el Gobierno ordenó el despliegue de fuerzas policiales y militares para reforzar la seguridad en las zonas afectadas.  Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras condenó la masacre de los trabajadores agrícolas en Trujillo y pidió una investigación “pronta, exhaustiva, independiente e imparcial”, además de medidas de protección para los sobrevivientes.

Lectura recomendada: «Masacre en Rigores reaviva discurso de militarización y terrorismo en el Bajo Aguan» en Criterio.