Los cortes de luz programados se extendieron toda la semana, alcanzado las 10 horas de suspensión del servicio para los hogares. En cuanto al sector empresarial, se habían advertido cortes de 12 horas por 15 días. Como respuesta, las Cámaras sectoriales propusieron la conformación de un Comité de Crisis para evaluar la situación y encontrar alternativas. Finalmente se dispuso una reducción del consumo de al menos el 50% para el sector y la creación de mesas de diálogo. Aún así, la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, advirtió que el 70% de las empresas no podrán continuar con su trabajo en este contexto. Esta crisis desata, por primera vez, un enfrentamiento directo del gobierno de Daniel Noboa con la élite empresaria nacional. En este marco, el Ministro de Energía, Antonio Goncalves, renunció a su cargo.

No obstante, la situación de déficit hídrico continúa. Es por eso que el gobierno mantuvo la alerta roja en las provincias de Manabí, Santa Elena, El Oro y Galápagos. Es de esperarse que los distintos sectores compitan por la distribución de los costos de los apagones programados.

Además de esta situación, la sociedad sigue a merced de los embates del crimen organizado. En la provincia de Sucumbíos, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellos, un líder comunitario. En Durán, provincia de Guayas, hombres armados y vestidos con prendas similares a las del Ejército, simularon una requisa, obligaron a las víctimas a arrodillarse y las ejecutaron. En la misma provincia, la policía encontró dos cabezas humanas. Por otro lado, en la provincia de El Oro, un atentado dejó al menos dos muertos, siete heridos y seis casas destruidas. Como resultado de esta situación, los homicidios se han convertido en la principal causa de muerte de niños y jóvenes en el país.