El Ministerio del Interior publicó el 18 de agosto en el Registro Oficial un acuerdo ministerial que fija las reglas de ingreso y permanencia de militares, empleados civiles del Departamento de Defensa y contratistas de Estados Unidos, en el marco del Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA) suscrito en octubre de 2023 y ratificado en febrero de 2024. La norma, que deroga los lineamientos anteriores, crea un registro migratorio especial que habilita estadías de hasta 180 días no renovables por año, con entradas múltiples, y que no constituye una visa ni una nueva categoría migratoria. El personal amparado queda exento de tasas migratorias y recibe privilegios e inmunidades equivalentes a los del personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena de 1961.

La medida instrumenta la cooperación militar que el presidente Daniel Noboa impulsa desde la declaratoria del conflicto armado interno, cuestionada por la Corte Constitucional y por expertos de Naciones Unidas, y llega pese a que en el referendo de 2025 los ecuatorianos rechazaron la instalación de bases extranjeras. En junio de este año, un decreto ejecutivo ya había advertido que militares de países aliados podrían desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia criminal.

En paralelo, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó el 20 de agosto a ocho personas y siete empresas ecuatorianas, además de diez embarcaciones, por integrar presuntamente una red que traslada cocaína hacia los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la estructura operaba bajo apariencia de actividad pesquera legítima desde las inmediaciones de Manta: los cargamentos se trasbordaban en alta mar a lanchas rápidas que eran abastecidas de combustible, alimentos y servicios médicos por otros barcos, algunos de los cuales funcionaban como puestos de vigilancia para alertar sobre patrullas antidrogas. Washington atribuye a la red vínculos con Los Choneros y Los Lobos, designadas organizaciones terroristas en 2025, y entre los sancionados figuran la empresa Arcasdenoe S.A. y varios integrantes de la familia Mero. El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, celebró la medida como parte de una estrategia de “fricción sistémica total” contra los cárteles. Las sanciones se conocieron a casi un año del inicio de los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que dejaron más de 200 muertos y cuya legalidad cuestionan organizaciones de derechos humanos.