Las movilizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión Nacional de Educadores (UNE), se mantuvieron activas durante la semana. El paro nacional fue anunciado como indefinido, con protestas que incluyeron marchas de sindicatos y estudiantes en Quito, y el registro de manifestaciones con cierres viales en provincias como Imbabura, con epicentro en Ibarra. No obstante, analistas señalaron que el escenario de desarrollo fue distinto al de los paros de 2019 y 2022, sin alcanzar el mismo nivel de paralización.

Un factor que marcó la diferencia en estas jornadas fue la desunión reportada en las bases del movimiento indígena. Varias comunidades de la provincia de Pastaza y otras zonas de la Amazonía se distanciaron públicamente del llamado de la CONAIE al paro nacional, debilitando la unidad del movimiento. Adicionalmente, se evidenció una división entre las bases indígenas de ciudades de la Sierra Central como Ambato, Riobamba y Latacunga, lo cual fue atribuido a posibles presiones estatales y beneficios gubernamentales. Estos quiebres internos mermaron la capacidad de movilización, llevando a un escenario de protesta menos compacto que en ocasiones anteriores.

No obstante la respuesta del gobierno de Noboa escaló la confrontación al plano judicial, acusando a los líderes de las movilizaciones de terrorismo. El presidente denunció públicamente «actos de terrorismo disfrazados de protestas» e incluso vinculó a líderes indígenas con la banda criminal Tren de Aragua. La Fiscalía General del Estado procedió a judicializar la respuesta, imputando por terrorismo a individuos detenidos por el cierre de vías y ataques durante el paro nacional.