La Justicia uruguaya investiga el esquema de inversión de Conexión Ganadera, una empresa dedicada a la “capitalización ganadera” que operaba con promesas de rentabilidad superiores al mercado. Recientemente se descubrió que la empresa acumuló pérdidas de aproximadamente 250 millones de dólares y que su modelo de negocio era un esquema Ponzi donde se utilizaban los fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores.

Se estima que la empresa tiene un pasivo de 400 millones de dólares que incluyen ganado, campos y créditos a cobrar de frigoríficos, mientras que el pasivo principal corresponde a deudas con inversores. Por su parte, los ahorradores buscan recuperar sus inversiones en un sistema que operó sin regulación adecuada durante dos décadas.

El caso involucra a sectores económicos y políticos: además de sospecharse que Conexión Ganadera financió la campaña del Partido Nacional en 2024, entre los actores vinculados al caso figura el abogado Jorge Fernández Reyes, esposo de la vicepresidenta Beatriz Argimón del Partido Nacional, quien asesoró a Conexión Ganadera en la modificación de contratos que le permitieron presentarse como un negocio agropecuario en lugar de financiero.