La reforma al sistema de salud en Colombia impulsada por el presidente Gustavo Petro ha generado un intenso debate político y social, especialmente por su propuesta de eliminar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y crear en su lugar un sistema de entidades Gestoras de Salud y Vida. El trámite legislativo enfrenta dificultades y la discusión se ha visto afectada por conflictos en la mesa directiva de la Cámara de Representantes, lo que podría retrasar su aprobación.

El presidente Petro ha dicho que expondrá públicamente a los congresistas que voten en contra de la reforma. Al mismo tiempo, congresistas del Pacto Histórico han solicitado priorizar la agenda legislativa para agilizar el debate y evitar mayores dilaciones. En un esfuerzo por consolidar apoyos en el Congreso, Armando Benedetti, jefe de Despacho del presidente, ha reunido a cerca de 40 congresistas de los partidos Liberal y Conservador para asegurar su respaldo a las reformas del gobierno, incluyendo la de salud. Esta estrategia busca recomponer la coalición legislativa y garantizar mayorías parlamentarias que permitan avanzar con la iniciativa.

Paralelamente, la Corte Constitucional ordenó ajustes financieros en el sistema de salud, en particular en lo relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) –el valor por persona afiliada en el sistema público que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) reciben anualmente–. El Ministerio de Salud ha solicitado la anulación de estas disposiciones, argumentando posibles defectos fácticos y jurídicos, aunque ha asegurado que cumplirá con lo ordenado mientras se resuelve su petición.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda presentó una resolución que reconoce como deuda pública el ajuste de los presupuestos máximos del sector salud, una medida que busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pero que ha generado preocupación entre economistas y actores políticos que temen un aumento en la carga fiscal del Estado. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y las centrales obreras reafirmaron su compromiso con los proyectos de reforma, destacando la importancia de garantizar el derecho a la salud como un pilar del bienestar social. Este apoyo es crucial para el gobierno, pues refuerza la legitimidad de la reforma ante la opinión pública.

La reforma propone cambios significativos en el sistema de salud colombiano, incluyendo ajustes de financiamiento y mejoras en el acceso a servicios. Uno de sus objetivos principales es fortalecer la atención primaria y de prevención, y optimizar las instituciones prestadoras de servicios de salud. No obstante, analistas advierten que el futuro del proyecto es incierto, especialmente considerando los próximos debates en el Senado, donde el panorama parece ser aún más complicado.