La última semana se produjo una crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos debido a la negativa inicial del presidente colombiano Gustavo Petro a permitir el aterrizaje de vuelos con deportados colombianos en territorio nacional. Esta decisión fue una respuesta a las condiciones en las que eran repatriados los connacionales, consideradas indignas por el mandatario. En reacción, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la imposición de un arancel del 25% a las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos, además de otras medidas como inspecciones aduaneras y restricciones de visado. Trump justificó estas medidas diciendo que la negativa del presidente Petro a aceptar vuelos de deportación desde Estados Unidos comprometía la seguridad nacional estadounidense. Ante estas sanciones, Petro respondió con firmeza, afirmando que no se dejaría intimidar por su contraparte estadounidense: “su bloqueo no me asusta” afirmó el mandatario, antes de anunciar aranceles del 50% para productos estadounidenses, en contracara de las sanciones impuestas a su país.

El presidente colombiano expresó que su gobierno no aceptaría aviones militares estadounidenses sin garantías de respeto a los derechos humanos para los deportados. Esta postura ha generado preocupación en sectores políticos y económicos dentro de Colombia, destacando el impacto potencial en la ayuda internacional y en programas financiados por USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). A pesar de las tensiones iniciales, el gobierno colombiano logró negociar con Washington para cubrir los fondos congelados por las sanciones y se anunciaron ajustes para garantizar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyos recursos habían sido afectados por las decisiones de Trump. Esto refleja un intento por parte del gobierno colombiano de mitigar el impacto económico y social de las sanciones.

El conflicto ha llevado a una “ola de ventas” en el mercado colombiano, pues los inversionistas reaccionaron negativamente a las amenazas arancelarias. La incertidumbre económica generada por esta disputa ha puesto en alerta a sectores productivos de Colombia que dependen significativamente del comercio con Estados Unidos. Ante la presión económica y diplomática, el gobierno colombiano optó por aceptar el retorno de los deportados, asegurando que se les brindaría un trato digno a su llegada. Para ello, se coordinó el uso de aviones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para recoger a los deportados en Estados Unidos y trasladarlos a Colombia. Al momento han arribado ya tres vuelos de regreso a Bogotá.