Luego de varios días de haberse celebrado la segunda vuelta, el escrutinio peruano entró en su tramo decisivo sin un vencedor definido. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el 100% del procesamiento de actas —las últimas nueve correspondían al distrito de Yaquerana, en Loreto—, pero ese hito no equivale al cierre del cómputo: al término de este reporte la entidad había contabilizado el 99,44% de los votos, y el porcentaje restante permanece retenido en actas observadas. Sobre ese cómputo, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) aventaja a Roberto Sánchez por unas décimas, candidato de Juntos por el Perú, con una diferencia de algunos miles de votos: alrededor de 50,1% frente a 49,9%.

La distinción es decisiva. El 100% procesado no proclama a un ganador ya que el resultado debe pasar primero por la resolución de las actas observadas, a cargo de los Jurados Electorales Especiales (JEE), y recién después por la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), prevista para mediados de julio. Ese mecanismo de revisión de actas observadas adquiere un peso inédito puesto que, con un margen tan estrecho, la batalla por las actas impugnadas abocó al país a un escenario de máxima incertidumbre. De hecho, el JNE se presta a evaluar un pedido de nulidad de varias mesas en la ciudad de Lima, donde hay más de 43 mil votos en juego pudiendo afectar especialmente a la candidata de Fuerza Popular.

La indefinición trasladó la disputa a las calles. El comando de Juntos por el Perú llevó a cabo una marcha nacional “en defensa del voto”, bajo la consigna de denunciar un presunto fraude, con plantones frente a las sedes electorales y una concentración central en la capital del país. La movilización, que sumó el respaldo de organizaciones sociales y sindicales, elevó la presión sobre los organismos electorales en pleno tramo final del cómputo.