El gobierno de Gustavo Petro declaró en 2024 el Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo, la región más afectada por la violencia y por la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el fin de destinar recursos adicionales para atender la crisis humanitaria y de seguridad. El presidente firmó el decreto correspondiente argumentando la urgencia de actuar ante la ausencia histórica del Estado en este territorio. Sin embargo, la medida ha generado un amplio debate político y jurídico. La Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la validez del decreto, mientras el gobierno enfrenta el desafío de demostrar que sus acciones tendrán un impacto real en la región.

El presidente advirtió que si la Corte Constitucional decide tumbar el decreto, buscaría dialogar con el gobierno de Venezuela para abordar la crisis fronteriza, destacando la dimensión internacional del conflicto por la presencia de grupos armados que operan en ambos países. Por otro lado, sectores empresariales han solicitado a la Corte Constitucional que revoque el decreto, argumentando riesgos para la estabilidad fiscal y la falta de claridad en el uso de los recursos públicos. En respuesta, el gobierno ha defendido la medida, señalando que la prioridad debe ser la vida y la seguridad de los ciudadanos, y criticando a quienes, según su perspectiva, priorizan intereses económicos sobre necesidades humanitarias.

Además, se ha designado una comisión especial para coordinar acciones en el Catatumbo, aunque algunos líderes locales han expresado escepticismo por considerar que no se les ha dado suficiente participación en las decisiones.