La situación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, se agravó tras revelarse nueva evidencia en el escándalo de los «audios del diablo». Un segundo peritaje confirmó que la voz atribuida a Santiváñez en los audios le pertenece, e incluso se confirmaron más audios y chats del ministro en conversación con un alias conocido como «Culebra» (capitán de policía Junior Izquierdo, involucrado en investigaciones contra Dina Boluarte). Este caso, originado por un supuesto pacto de favores para beneficiar a un policía vinculado a una organización criminal, ha generado una grave crisis de credibilidad que ha puesto en jaque al gabinete de Boluarte, involucrando también a Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros.
Como consecuencia directa de las revelaciones, el Congreso presentó oficialmente la moción de censura contra Santiváñez, la cual logró el respaldo de 35 firmas, cumpliendo el requisito para que el pleno debata y vote su permanencia en el cargo. La votación definirá el destino del ministro, quien ya se encontraba en una posición endeble tras la confirmación de la autenticidad de los audios comprometedores. Esta acción de control subraya la vulnerabilidad del gobierno frente al Legislativo, quien pudiera poner contra las cuerdas al gobierno de Boluarte en el último tramo de su mandato.
Paralelamente a la crisis ministerial, se desarrolló una intensa jornada de protestas denominada la «marcha de la Generación Z» los días 20 y 21 de septiembre, convocada principalmente por jóvenes en contra de la presidenta Boluarte y el Congreso. Estas movilizaciones fueron precedidas por denuncias de bloqueos de líneas telefónicas a organizaciones sociales, un indicio de interferencia estatal previa a las protestas. Durante las manifestaciones se reportó un incendio en la Corte Superior de Justicia de Lima en la Avenida Abancay, así como la respuesta de la Policía Nacional del Perú (PNP), que lanzó las primeras bombas lacrimógenas contra los manifestantes.
La represión policial durante la marcha resultó en un alto número de afectados. Según el reporte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), se registraron 85 casos de agresión y 11 personas heridas. Entre los afectados se encontraban brigadistas y manifestantes que sufrieron el impacto de perdigones en la cabeza, brazos y otras partes del cuerpo, siendo auxiliados en el lugar por personal de salud. Adicionalmente, se denunció que cinco periodistas sufrieron ataques directos por parte de la fuerza policial, incluyendo el caso de un reportero que fue atacado con perdigones, lo que configura una agresión a la libertad de prensa y al derecho a la información.
En este contexto de violencia, la presidenta Boluarte, durante su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), defendió la Ley de Amnistía para militares y policías con procesos judiciales, argumentando que estos son acusados de violar derechos humanos, mientras que los «terroristas» son presentados como víctimas. Boluarte también calificó a los manifestantes como «violentos» que «quieren generar la anarquía y el desorden», criminalizando la protesta social y defendiendo el accionar de la fuerza pública.
