El pasado miércoles 12 de marzo, el gobierno de Javier Milei, desde el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, realizó una de las represiones más violentas de los últimos veinte años y la más agresiva de la era libertaria. Miles de personas, sobre todo simpatizantes de clubes de fútbol, se congregaron frente al Congreso Nacional para expresar su rechazo a medidas que incluyen recortes presupuestarios para medicamentos para personas de la tercera edad, y la reducción de pensiones y jubilaciones. La protesta, inicialmente pacífica, derivó en enfrentamientos cuando las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes que habían ido a apoyar el reclamo de jubilados y pensionados.

Hubo más de 20 personas heridas y 114 detenidos. Dos casos que trascendieron en los medios de comunicación ejemplifican la magnitud de la represión: un policía empujó a Beatriz Bianco, una jubilada, quien cayó y se golpeó fuertemente cabeza contra el suelo; el fotoperiodista Pablo Grillo fue impactado por una granada de gas lacrimógeno y aún lucha por su vida.

Dentro del recinto legislativo también se vivieron momentos de violencia y tensión cuando legisladores del oficialismo increparon y atacaron a golpes a exaliados de su fuerza, obligándolos a dejar sus bancas para no alcanzar quórum. La repentina suspensión de la sesión, en la que se discutía la investigación por el escándalo de la criptoestafa que envuelve al presidente, fue repudiada por la oposición, que increpó al presidente de la Cámara de Diputados.

El oficialismo cerró filas durante los días siguientes para defender a la ministra de Seguridad, fuertemente cuestionada por una represión caótica y desmedida. El discurso oficial justificó la conducta de las fuerzas de seguridad, denunció un intento de golpe de Estado, habló de la presencia de barrabravas (grupos violentos de aficionados al fútbol) y cuestionó a la jueza porteña Karina Andrade, quien liberó casi inmediatamente a la mayoría de los detenidos por falta de pruebas e irregularidades en sus detenciones. Muchos de los arrestos se dieron en una “casería” en la que incluso se detuvo a dos menores de 12 y 14 años que recién salían de la escuela.

El gobierno considera que esta represión favorece su imagen positiva en un contexto signado por el escándalo de la criptomoneda $Libra y otros casos de corrupción, la delicada situación social, la designación de jueces de la Suprema Corte por decreto y la falta de empatía del gobierno ante las catastróficas inundaciones en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

Videoreportaje recomendado:

Alejandro Bercovich, “Liberticidas”, Radio Con Vos 89.9, 14 de marzo de 2025.