El gobierno envió a la Asamblea Nacional un proyecto para reformar la Ley de Inteligencia, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de recolección y análisis de información en el contexto del conflicto armado interno. La propuesta prevé ampliar las capacidades operativas de las agencias de inteligencia y establecer nuevas formas de coordinación entre Policía, Fuerzas Armadas y sistema judicial.
Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos han manifestado su preocupación por los posibles abusos que podría generar esta ley. Solicitan que el proyecto sea archivado, pues consideran que no garantiza controles adecuados sobre el uso de información sensible ni el respeto a los derechos ciudadanos. Advierten que, sin una reforma institucional profunda, dotar de más facultades a las agencias de inteligencia podría derivar en actos de espionaje y persecución política.
