El Ejecutivo presentó una propuesta para establecer una nueva tasa a las concesiones mineras no operativas. La iniciativa plantea un cobro anual de 2,5 dólares por hectárea concesionada, aplicable a los titulares que no hayan iniciado operaciones en sus lotes. Según el gobierno, la medida busca incentivar el aprovechamiento efectivo de los recursos y evitar la especulación minera.

Desde el sector minero se ha expresado preocupación por el posible impacto de esta medida en las inversiones, especialmente en contextos donde la tramitología y los conflictos sociales ya afectan los cronogramas de operación.