El gobierno de Donald Trump evalúa clasificar a las organizaciones criminales brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas, una medida que busca formar parte de negociaciones bilaterales sobre cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Brasil. La eventual designación fue discutida en el marco de contactos diplomáticos entre ambos gobiernos y podría integrarse en la agenda de una reunión entre Trump y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, prevista inicialmente para marzo y ahora proyectada para abril en Washington.
La propuesta estadounidense se inserta en un paquete más amplio de cooperación contra el crimen transnacional. Según funcionarios estadounidenses citados por la prensa brasileña, Washington planteó que Brasil reciba en sus cárceles a extranjeros detenidos en territorio estadounidense, en un esquema similar al que mantiene El Salvador con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). También solicitó que Brasil presente un plan para combatir al PCC, al CV y otras organizaciones criminales con presencia en el país, además de compartir con autoridades estadounidenses información biométrica de extranjeros que soliciten refugio o asilo.
Las demandas surgieron como contrapropuesta a un plan de cooperación presentado previamente por Lula en una conversación telefónica con Trump. El gobierno brasileño había sugerido fortalecer la coordinación para combatir el lavado de dinero, incluyendo la identificación de recursos ilícitos enviados por redes criminales a empresas pantalla registradas en el estado de Delaware. El plan también contemplaba el bloqueo de activos provenientes de delitos cometidos en Brasil, mayor cooperación entre la Receita Federal y el Internal Revenue Service estadounidense, controles aduaneros más estrictos contra el tráfico de armas y un intercambio ampliado de información sobre transacciones con criptomonedas.
En este contexto, el gobierno brasileño busca evitar que Washington anuncie formalmente la clasificación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas. Según reportes de prensa citados por medios brasileños, la decisión ya habría sido tomada en Estados Unidos, lo que intensificó las gestiones diplomáticas de Brasilia. El Ejecutivo brasileño considera que la designación podría abrir espacio para acciones unilaterales estadounidenses en territorio brasileño bajo el argumento de combate al terrorismo.
El debate también generó reacciones en el escenario político brasileño. El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmó que el país no debería “buscar apoyo externo” para enfrentar el problema de las facciones criminales. “Brasil tiene condiciones de resolver sus propios desafíos de seguridad”, señaló en declaraciones a la prensa.
Por su parte, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, evaluó la iniciativa de Washington de manera diferente. Según dijo, la posible clasificación de las facciones como terroristas podría representar “una oportunidad” para fortalecer la cooperación internacional contra organizaciones criminales que operan en varios países.
Desde el gobernante Partido dos Trabalhadores (PT) también surgieron advertencias sobre el impacto político de la medida. Dirigentes de la fuerza sostuvieron que la iniciativa podría tener implicaciones en el escenario electoral brasileño y alertaron sobre la posibilidad de interferencia externa en el debate político nacional.
Mientras continúan las negociaciones, el gobierno de Lula mantiene reuniones internas para definir una estrategia diplomática y de comunicación frente a la propuesta estadounidense. De acuerdo con investigaciones periodísticas citadas en Brasil, el PCC y el Comando Vermelho ampliaron su presencia en las últimas décadas: el primero tendría operaciones en al menos 16 países y el segundo mantiene vínculos en varios países de América Latina, además de presencia en todos los estados brasileños. En al menos trece de ellos, estas organizaciones ejercen hegemonía en el sistema criminal local.
