La crisis entre el gobierno de Xiomara Castro y Washington se agudiza cada vez más. Luego de que, la semana pasada, la presidenta hondureña acusara a la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, de mantener una actitud de «injerencia» e «intervencionismo» y de estar orquestando un intento de golpe de Estado, el conflicto asumió un giro dramático con la renuncia de varios miembros importantes del gobierno.

El sábado 31 de agosto, el hasta entonces diputado y secretario del Congreso Nacional Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta, renunció a su cargo y se sometió a la justicia del país, luego de reconocer haber participado en una reunión con narcotraficantes en 2013. A la renuncia de Zelaya siguió la de su hijo, el ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya.

Durante una improvisada conferencia de prensa el 31 de agosto, Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, afirmó haber asistido a una reunión hace 11 años (2013) en San Pedro Sula, a la que fue invitado por varios “empresarios”. Allí se habría encontrado con narcotraficantes del grupo “Los Cachiros”, quienes le habrían ofrecido dinero para la campaña presidencial. Luego de su renuncia, se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público (MP) para ser investigado.

El día martes 3, el sitio InSight Crime publicó un video donde se ve al funcionario dialogando con personas vinculadas a “Los Cachiros”, quienes le ofrecen dinero para la campaña del Partido Libre, al que pertenece la actual mandataria. Xiomara Castro no logró ganar esas elecciones; su triunfo vendría en 2022. Inmediatamente, la presidenta apareció en cadena nacional y condenó “todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos”. Igualmente, volvió a denunciar un “plan para asestar un golpe de Estado” contra su gobierno. La gravedad de la crisis radica en que golpea directamente la línea discursiva central del gobierno: durante la campaña del 2022, Xiomara Castro hizo hincapié en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, prometiendo recomponer al país luego de lo que consideró una “tragedia nacional”.

Según el medio opositor El Faro, “estos informes añaden evidencia condenatoria a los múltiples testimonios de los narcotraficantes en los tribunales que acusan a Manuel y Carlos Zelaya de tener vínculos de campaña pasados ​​con narcotraficantes”. En la misma línea, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, en una carta abierta difundida por redes sociales el miércoles 4, exigió la renuncia de Castro.