El 24 de julio comenzaron a regir los nuevos aranceles a los productos de 60 países, incluido Chile, anunciados el día anterior por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). De acuerdo con EE. UU., la causa de las sanciones es “no haber establecido ni aplicado de forma efectiva una prohibición de la importación de productos fabricados con trabajo forzoso”. La medida golpea a Chile con la tarifa extra más alta, del 12,5%. Representantes empresariales y del gobierno apuntan a organizaciones no gubernamentales que, en audiencias previas ante la USTR, denunciaron la existencia de trabajo forzoso en el país.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, criticó a las ONG y les adjudicó “deslealtad”, “falta de patriotismo” y “desconocimiento de los procesos productivos agrícolas y de la salmonicultura”. De acuerdo con información periodística, el canciller Francisco Pérez Mackenna consideró “un error” las exposiciones realizadas por Fundación Libera y Ecoceanos, dos asociaciones que presentaron antecedentes de trabajo forzoso en empresas de salmonicultura y agricultura.

Las organizaciones rechazaron las críticas y señalaron que la información que presentaron ante la USTR también fue enviada a la Cancillería y al Ministerio del Trabajo, y que la intención del gobierno es eludir su responsabilidad por no atacar el problema de fondo: la existencia de trabajo forzoso.

“No quieren asumir la responsabilidad que les corresponde. Esto lo habrían solucionado firmando un acuerdo recíproco con la obligación de un proyecto de ley”, expresó Carolina Rudnick, de la Fundación Libera. La abogada, que quedó en el ojo de la tormenta al difundirse el documento presentado por la fundación ante las autoridades de EE. UU., señaló que “quieren ocuparnos como chivo expiatorio por lo que fue un fracaso de la Cancillería”.

Se trata de un tema complejo, porque por un lado involucra una problemática social real, como es la existencia de trabajo forzoso, que en algunos casos afecta especialmente a migrantes; y por otro lado, incluye la actuación de personas y organizaciones de un país que dan entidad a las sanciones de otro país, con consecuencias relacionadas con la economía, lo cual implica debates en torno a la soberanía y a la injerencia externa.

Mientras tanto, la bancada del Partido Nacional Libertario presentó oficios para conocer el origen de los recursos de las organizaciones. Y el diputado Diego Schalper, jefe de bancada de Renovación Nacional, pidió a Claudio Alvarado, biministro del Interior y de la Secretaría General, “que se analice desde perspectivas de seguridad económica e inteligencia nacional el rol de estas y otras organizaciones que atentan contra intereses de Chile”. En el oficio presentado por Schalper se solicita “el monitoreo permanente de eventuales acciones de injerencia extranjera que puedan afectar industrias estratégicas nacionales”.

Respecto a los aranceles, Cancillería informó que sostuvo un encuentro con el presidente José Antonio Kast y que activó reuniones con gremios empresariales “para coordinar estrategia conjunta”, en el marco de negociaciones bilaterales con EE. UU. Además, anunció que Jeff Goettman, representante comercial adjunto de la USTR, visitará Chile a fines de agosto.