La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) incluyó en su Reporte Nacional de Estimación Comercial sobre Barreras al Comercio Exterior 2026 un apartado crítico sobre el sector energético mexicano, denunciando pagos atrasados de Pemex a proveedores estadounidenses. El informe señala que la prioridad otorgada a las empresas estatales dificulta la inversión privada mediante demoras y revocación de permisos, situación que Washington encuadra como una posible violación a los apartados del T-MEC sobre monopolios y discriminación. La publicación coincide con el inicio formal de las conversaciones de revisión del acuerdo, lo que la convierte en un elemento de presión en uno de los momentos más sensibles de la relación bilateral.
En este contexto, la administración de Claudia Sheinbaum ratificó su apuesta por los contratos mixtos, un modelo que permite alianzas con firmas extranjeras para acceder a tecnología sin ceder el control nacional sobre los recursos. En esa línea se inscribe la próxima visita a México de la directora de Petrobras, Magda Chambriard, para explorar una alianza en la explotación de aguas profundas en el Golfo de México —parte de un esquema que incluye siete acuerdos recientes en ese segmento—, así como el interés en desarrollar biocombustibles con la empresa brasileña. La mandataria defendió que las empresas públicas no son monopolios sino “pilares de la nación” y rechazó que la producción de hidrocarburos mexicana se supedite a las agendas de abastecimiento de terceros países.
En el mismo escenario, las tensiones sumaron otra dimensión. El 31 de marzo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, convocó al Comité de Especies en Peligro para eximir a la industria petrolera del Golfo de restricciones ambientales, invocando la seguridad nacional ante el bloqueo del estrecho de Ormuz y la escalada de precios del crudo. La medida se adoptó mientras en el litoral mexicano el Grupo Interinstitucional conformado por la Secretaría de Marina (SEMAR), Pemex y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) atendía un derrame de hidrocarburos que al cierre de la semana había requerido el retiro de 430 toneladas de contaminantes en costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. En este sentido, el gobierno ratificó que el ejercicio de la estricta jurisdicción nacional y la rectoría del Estado son las únicas garantías de seguridad energética en aguas mexicanas.
