El 2 de abril, Trump confirmó la salida de Pam Bondi como fiscal general tras 14 meses en el cargo, nombrando interinamente a Todd Blanche, hasta entonces fiscal adjunto y ex abogado personal del presidente. La frustración de Trump tenía dos ejes: el manejo de los archivos Epstein —que se volvió un pasivo político permanente— y la percepción de que Bondi no había sido suficientemente agresiva en la persecución judicial de adversarios políticos del presidente. Bondi había prometido transparencia total al asumir, pero los documentos liberados resultaron incompletos, las promesas sobre una supuesta «lista de clientes» quedaron sin sustento, y la distribución de carpetas a influencers conservadores con escasa información nueva generó reacción adversa incluso dentro del círculo MAGA.

La destitución es el segundo movimiento de nivel gabinete en menos de un mes, tras la remoción de Kristi Noem en Seguridad Interior. El perfil de Blanche no es neutral: su primera aparición pública fue esquiva respecto a si reanudaría causas contra figuras opositoras, aunque reconoció que Trump está «frustrado». Como candidato permanente al cargo se menciona a Lee Zeldin, actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés). Lo que sigue —quién sea confirmado y qué causas se priorizan— definirá el tono judicial del segundo tramo del mandato de Trump, en un Departamento cuya independencia institucional se difumina cada vez más ante la agenda de la Casa Blanca.