La gestión del Banco Central del Uruguay (BCU) bajo el mandato de Luis Lacalle Pou ha implementado una política monetaria que, si bien logró una reducción significativa de la inflación, ha generado efectos negativos en el crecimiento económico y el empleo. La estrategia se basó en el incremento de las tasas de interés y en la devaluación controlada del dólar, medidas que priorizaron la estabilidad de precios a costa de otros aspectos críticos para el desarrollo económico, como el empleo y el crecimiento.

El descenso en la inflación se logró promoviendo un “dólar barato”, lo que redujo los precios de bienes importados como electrodomésticos y vehículos, pero benefició principalmente a los sectores de mayor ingreso. En contrapartida, el encarecimiento del crédito afectó el consumo y la inversión, dos componentes clave para la dinámica del Producto Bruto Interno (PIB). Como resultado, la economía uruguaya ha mostrado un estancamiento desde mediados de 2022, con un crecimiento nulo en términos anuales al finalizar el primer trimestre de 2024.

El incremento del empleo, aunque positivo en términos absolutos, ha sido insuficiente y se ha dado en sectores de baja calidad laboral, caracterizados por el subempleo y la informalidad. Esta realidad ha incrementado la desigualdad social, con los sectores de menores ingresos recibiendo menos beneficios en comparación con los grupos de mayores recursos.

En resumen, la política monetaria del gobierno de Lacalle Pou ha priorizado la reducción de la inflación sin coordinar adecuadamente los esfuerzos para promover un crecimiento sostenible y equitativo. Esto ha exacerbado la desigualdad y ha limitado el potencial de la economía uruguaya para recuperarse plenamente de los efectos de la pandemia, con un PIB que ha mostrado un estancamiento preocupante en los últimos años.