La Cámara de los Comunes reanudó sus sesiones el lunes 21 de septiembre después del receso de verano, con la economía, el costo de vida y la guerra comercial con Estados Unidos entre los principales temas de la agenda. Ese mismo día, el gobierno de Mark Carney presentó el proyecto C-39, Building Canada Strong Act, una amplia reforma destinada a reducir los plazos de aprobación de infraestructura, reforzar los corredores comerciales y modificar las reglas laborales en los sectores regulados por Ottawa.

En materia de infraestructura, el proyecto establece el principio de “un proyecto, una revisión, un año”: las decisiones federales deberán completarse dentro de los doce meses posteriores a la presentación de una solicitud integral. La reforma también prevé un único evaluador federal para determinados proyectos, una oficina especializada para coordinar los permisos de transporte y la designación de corredores comerciales estratégicos, con el objetivo de reducir las superposiciones entre organismos y acelerar obras vinculadas con energía, minería, puertos y transporte.

El punto más controvertido es la reforma del Código Laboral. El proyecto modifica la sección 107, que permite al gobierno intervenir en disputas en sectores federales, como ferrocarriles, puertos, aerolíneas y telecomunicaciones. Antes de ordenar el regreso al trabajo o establecer un mecanismo obligatorio de resolución, el ministro deberá recurrir a un mediador especial por un período de 21 días, considerar su informe y determinar que la huelga o el cierre patronal produciría un impacto adverso significativo a escala nacional. La ministra de Empleo y Familias, Patty Hajdu, afirmó que esas condiciones elevan el umbral para una intervención federal. Los sindicatos lo cuestionaron: el presidente del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés), Mark Hancock, sostuvo que la iniciativa constituye “un ataque directo” a derechos protegidos por la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades. Por su parte, el líder conservador en la Cámara, Andrew Scheer, dijo que su partido examinará el proyecto antes de fijar posición, aunque defendió el derecho de los trabajadores a reclamar aumentos cuando la inflación reduce el poder adquisitivo de sus salarios.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Ottawa para acelerar inversiones y diversificar el comercio en medio del deterioro de la relación económica con Washington. Desde septiembre de 2025, 27 iniciativas fueron remitidas a la Major Projects Office, con inversiones estimadas por el gobierno en 200 mil millones de dólares canadienses (aproximadamente 141,4 mil millones de dólares estadounidenses). En un proceso separado de consultas sobre las reformas regulatorias realizado entre mayo y julio, Ottawa recibió más de 26 mil correos del público y 403 presentaciones formales, además de mantener 60 reuniones con pueblos indígenas y otros sectores.