El paro de transportistas del 30 de octubre se convirtió en un catalizador político y social en el país. A pocas horas de que comenzara la huelga, a través de la aplicación Mi Argentina, el gobierno nacional envió un mensaje contundente instando a la ciudadanía a denunciar a los sindicalistas que convocaron al paro. Esto refleja la tensión creciente entre el gobierno y los sindicatos en un momento en que la economía argentina enfrenta serios desafíos.

La huelga fue convocada por el Sindicato de Camioneros, la Unión Ferroviaria, los gremios de pilotos aeroportuarios y los sindicatos de subterráneos (subtes) y premetros, en respuesta a que no se han atendido las demandas de los trabajadores del transporte. La situación se ha intensificado en un marco de resistencia creciente al gobierno de Javier Milei, quien ha enfrentado críticas por sus políticas económicas y sociales. Los convocantes argumentaron que la falta de diálogo y el deterioro de las condiciones laborales justifican la medida, lo que ha llevado a muchos a ver esta huelga como un símbolo de la lucha por derechos laborales en un contexto de precarización. Los efectos del paro se sintieron rápidamente en las principales ciudades, donde miles de usuarios quedaron varados y los servicios de transporte público se vieron interrumpidos.