La “Ley Garrote”, recientemente aprobada por el Senado de Paraguay, busca imponer un control estricto sobre las ONGs, tanto locales como extranjeras, que operan en el país. Este proyecto, impulsado por el cartismo y sectores alineados con el expresidente Horacio Cartes, se justifica en la necesidad de garantizar la transparencia en el financiamiento y la operación de estas organizaciones. No obstante, desde la oposición y la sociedad civil se advierte que la ley podría ser usada como una herramienta de persecución política, afectando gravemente el contrapeso democrático que representan las ONGs.

Entre las voces críticas destaca Esperanza Martínez, senadora del Frente Guasú, quien advierte que la ley remite a tiempos de la dictadura stronista, y ha pedido al presidente Santiago Peña que vete la ley. Además, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) ha denunciado que la normativa criminaliza a la sociedad civil y atenta contra los principios democráticos consagrados en la Constitución.

Por su parte, la relatora de la ONU, Gina Romero, ha expresado su preocupación por la aplicación discrecional de la ley y ha instado a las autoridades paraguayas a abrir un diálogo plural y participativo antes de que se promulgue. Romero sugiere que la normativa podría estar motivada más por la desconfianza hacia organizaciones anticorrupción y de derechos humanos que por un interés real en la transparencia.

Santiago Peña se encuentra en una encrucijada. Aunque su gobierno tiene lazos con el cartismo, existen divisiones internas sobre el alcance de esta ley. La decisión de promulgar o vetar la ley será una prueba crucial de su autonomía política. Si analizamos sus movimientos de las últimas semanas, es muy probable que el presidente firme la ley tras solicitar a los diputados que acepten las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.