Tras la jornada electoral del 12 de abril, el sistema político peruano ha entrado en una fase de incertidumbre institucional. Los resultados oficiales procesados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con más del 93% de las actas, confirman que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera la votación y asegura su lugar en la segunda vuelta con un 17% de las preferencias. No obstante, la definición de su contendiente se mantiene en vilo debido a un ajustado margen de apenas miles de votos entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). En efecto, con el 12,07% de los votos, Sánchez se posiciona apenas por encima de López Alianza, que alcanza el 11,85%.
Sánchez ha consolidado su ventaja sobre López Aliaga gracias al voto rural y andino. El candidato izquierdista ha reivindicado este avance como una victoria de la «justicia restauradora para los mártires del sur andino» y ha advertido que el «voto andino se va a respetar», anunciando movilizaciones ante cualquier intento de desconocer los resultados. El voto de las mil 27 actas por procesar y de las cinco mil 413 observadas definirá el duelo por la Presidencia.
Rafael López Aliaga, por su parte, ha protagonizado una escalada de confrontación contra los organismos electorales, denunciando un presunto «sabotaje» y solicitando la nulidad total de las elecciones. Inicialmente, Aliaga ofreció una recompensa de casi seis mil dólares (veinte mil soles peruanos) por información sobre supuestas irregularidades, aunque posteriormente retrocedió y eliminó dicha oferta. Esta conducta le ha valido una denuncia penal por incitar a la insurgencia, mientras que otros candidatos y la Misión Electoral de la Unión Europea han rechazado tajantemente la narrativa del fraude por falta de pruebas suficientes.
El ultraderechista fundamentó su postura en la demora del cómputo de votos y en las dificultades para la instalación de mesas en más de 75 instituciones. La gestión del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se encuentra en el centro de la controversia debido a las negligencias logísticas que afectaron el inicio de los comicios. La tensión institucional escaló cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció penalmente a Corvetto por presuntos delitos contra el derecho de sufragio. Simultáneamente, gremios empresariales han exigido su destitución inmediata.
Finalmente, el panorama legislativo refleja una fragmentación que dificultará la mayoría absoluta para cualquier partido que se quede con la presidencia. Según las proyecciones para el período 2026-2031, Fuerza Popular se quedaría con la primera minoría en ambas Cámaras, necesitando del apoyo del partido de López Aliaga (Renovación Popular) para conformar mayorías. En cuanto al Senado, Juntos por el Perú (JPP) emerge como la segunda fuerza con un aproximado de 15 escaños.
