El escenario político está marcado por la ratificación de la suspensión por nueve meses del movimiento Revolución Ciudadana (RC) por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en el marco del caso Caja Chica vinculado a presunto financiamiento irregular. La dirigencia de la RC, encabezada por Gabriela Rivadeneira, califica la medida de proscripción, dado que el bloqueo administrativo coincide con el período de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre. Esta situación se agrava con las adversidades que enfrentan sus cuadros territoriales: mientras el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanece en prisión preventiva en el marco del caso Goleada, y el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Pabel Muñoz en Quito se ve forzado a explorar cobijo en otras organizaciones políticas para poder presentarse a las urnas, dado que la suspensión del movimiento le impide competir bajo su propia bandera.
La decisión del CNE de adelantar los comicios locales a noviembre de 2026 —justificada técnicamente por el posible impacto del fenómeno de El Niño— ha forzado una carrera contra el reloj que transforma la dinámica política. Ante la aceleración del calendario electoral y las restricciones que enfrenta la principal fuerza opositora, las organizaciones políticas muestran una tendencia a reacomodos pragmáticos orientados a asegurar competitividad electoral en el corto plazo, con redefinición de alianzas y estrategias de participación.
En paralelo, la pugna por el control del brazo penal del Estado se centra en el concurso para designar al nuevo fiscal general bajo la órbita del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El proceso atraviesa una crisis de legitimidad tras la accidentada elección de la Veeduría Ciudadana el 13 de abril y las denuncias de la RC sobre irregularidades en la Comisión de Selección. La disputa por los organismos de control resulta clave en tanto estos definen las condiciones del proceso electoral, así como el avance de investigaciones que involucran a actores políticos de oposición.
