Panamá atraviesa una de sus crisis sociales y políticas más graves en años, marcada por una huelga general indefinida iniciada el 23 de abril por sindicatos docentes y extendida a sectores como la construcción, comunidades indígenas, estudiantes y agricultores. Las protestas tienen como ejes centrales el rechazo a la Ley 462, una reforma al sistema de pensiones que reemplaza el modelo solidario por cuentas individuales. Según sindicatos y expertos, la medida implicaría una privatización encubierta del sistema previsional, reduciendo sustancialmente el monto de las futuras jubilaciones.

Las protestas también señalan el acuerdo firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, que permite el despliegue de tropas norteamericanas en el país. Firmado sin debate parlamentario ni consulta pública, el pacto ha sido duramente criticado por movimientos sociales, que lo consideran una cesión de soberanía. La respuesta del gobierno, liderado por el presidente José Raúl Mulino, ha sido el endurecimiento de las medidas represivas, con más de 480 cortes de ruta registrados y cerca de 300 detenciones, principalmente en las provincias del oeste. Organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales denuncian detenciones arbitrarias y militarización de zonas urbanas y rurales.

Lectura recomendada: “Las protestas en Panamá ponen a prueba al presidente Mulino en múltiples frentes”, en Americas Quarterly.