En la antesala de las elecciones de mayo, el gobierno de Gustavo Petro despliega una estrategia que combina la defensa de su gestión, la reactivación de sus principales banderas de reforma y la apelación a la movilización social. Un memorando firmado por el propio mandatario ordena a su gabinete y equipos potenciar la comunicación de los avances alcanzados durante su administración. Esta directriz aparece en un contexto de tensiones internas dentro del gobierno, lo que sugiere un esfuerzo por unificar el mensaje y evitar que las disputas debiliten la proyección política del oficialismo. La instrucción no solo apunta a resaltar resultados, sino también a encuadrar la narrativa pública en torno a una gestión que ha enfrentado bloqueos institucionales y resistencias políticas.
En paralelo, Petro ha reactivado la propuesta de una Asamblea Constituyente, planteándola como un mecanismo para destrabar reformas estructurales. Esta iniciativa convive con llamados a la movilización, como la convocatoria a marchas el 1 de mayo para promover una “firmatón” en favor de dicha idea. La combinación de institucionalidad y presión en las calles configura una estrategia que busca legitimar cambios profundos mediante respaldo popular, aunque también genera tensiones con sectores políticos que ven en la constituyente un riesgo para la estabilidad institucional.
El debate sobre reformas clave sigue siendo central. Desde el Ministerio de Trabajo se insiste en la necesidad de avanzar con la reforma laboral, incluso solicitando a la Corte que destrabe su implementación. Este frente evidencia uno de los ejes del gobierno: consolidar cambios en materia social y laboral como parte de su legado, pese a los obstáculos judiciales y políticos. En esa línea, las discusiones sobre salario mínimo y su relación con el escenario electoral han generado controversia, reflejando la sensibilidad de las decisiones económicas en un contexto de campaña.
Mientras tanto, en el campo político más amplio, se observan movimientos que marcan distancias con la propuesta constituyente. El senador y candidato del oficialismo, Iván Cepeda, en acuerdos con la Alianza Verde, se comprometió a no impulsar este mecanismo, lo que evidencia fracturas dentro de los sectores progresistas y aliados potenciales del gobierno. Esta divergencia muestra que, aunque el oficialismo intenta consolidar una agenda transformadora, no cuenta con un consenso pleno en su propio espectro político.
