El Gobierno de México concretó el martes 20 de enero la entrega de 37 personas vinculadas con organizaciones criminales a las autoridades estadounidenses. Entre los trasladados figuran operadores presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste y el grupo de los Beltrán Leyva.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que la entrega fue una “decisión soberana” del Estado mexicano, tomada a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense y tras un análisis del Consejo Nacional de Seguridad. La mandataria descartó que esta acción estuviera relacionada con su reciente conversación telefónica con el presidente Trump y subrayó que la determinación responde a mecanismos institucionales permanentes de cooperación bilateral en materia de seguridad. “Se pone primero a México por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad nacional”, sostuvo la presidenta.

Sheinbaum detalló que cada caso se evalúa de forma individual y que, una vez adoptada la decisión, se procede a realizar los traslados correspondientes. Agregó que muchos de los implicados eran legalmente extraditables y rechazó las versiones que sugieren que el gobierno mexicano actúa para “quedar bien” con autoridades extranjeras. “No es ‘lo piden y ahí va’. Hay un análisis sobre si es importante para México, si se colabora, qué perfiles son. Es una relación de coordinación y colaboración, pero la decisión se toma con consideraciones soberanas”, puntualizó. La postura oficial reafirma la cooperación bilateral en materia de seguridad dentro de un marco de respeto mutuo y sin cesión de soberanía.