El reciente escándalo en torno a Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo” y señalado como el “zar del contrabando”, ha generado conmoción en la política y la Justicia colombianas. Marín es señalado como una de las principales figuras del contrabando en el país, vinculado a lavado de dinero y narcotráfico. Investigaciones de agencias internacionales, como la DEA, han revelado su papel en redes criminales, por lo que ha enfrentado procesos judiciales en varios países. Actualmente está detenido en Portugal, desde donde busca evitar su extradición a Colombia alegando asilo político.

El caso ha adquirido una dimensión política porque Marín intentó filtrar recursos en la campaña presidencial de Petro en 2022: según los informes, buscó aportar 500 millones de pesos colombianos (aproximadamente 120 mil dólares) a la campaña del actual mandatario. Cuando el equipo de Petro se percató del origen ilícito de los fondos, el presidente ordenó su devolución y que la transacción quedara registrada como prueba. No obstante, las dudas persisten sobre si el dinero fue efectivamente retornado en su totalidad, lo que ha desatado una ola de cuestionamientos y especulaciones.

El escándalo ha provocado divisiones dentro del gabinete de Petro. Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ha señalado al exdiputado catalán Xavier Vendrell como una pieza clave en la operación, acusándolo de facilitar la entrada del dinero a la campaña. Rodríguez también señaló a Armando Benedetti, jefe de Despacho de Petro, sugiriendo que actuó en conjunto con Vendrell para gestionar los fondos. Benedetti, por su parte, ha negado cualquier vínculo y ha denunciado a Rodríguez por calumnia, intensificando el conflicto interno en el gobierno.

El escándalo llegó al ámbito judicial luego de que se revelara que un fiscal y un juez se reunieron con Marín en circunstancias aún no esclarecidas. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) ha abierto una investigación para determinar si estas reuniones representaron un acto de corrupción o una posible obstrucción a la justicia. La Comisión busca establecer si hubo influencia indebida en los procesos judiciales contra Marín y si estos funcionarios facilitaron algún tipo de ventaja para evitar su extradición o reducir las posibles penas en su contra.

En medio de la controversia, la atención mediática ha girado en torno a fotografías de un emisario de “Papá Pitufo” con políticos y figuras influyentes del Valle del Cauca. Las imágenes han intensificado las sospechas sobre sus conexiones con sectores del poder, avivando el debate sobre la cercanía entre delincuentes, dirigentes políticos y empresarios de alto perfil. Mientras algunos consideran que estas fotografías evidencian la influencia de Marín en círculos de poder, otros señalan que no prueban una relación directa con actividades ilegales.

Ante la magnitud del escándalo, el presidente Petro ha reconocido públicamente que hubo un intento de filtración de fondos ilícitos en su campaña y ha insistido en que, una vez identificado el problema, se ordenó la devolución del dinero. Además, ha manifestado su respaldo a la extradición de Marín para que enfrente la Justicia colombiana. A pesar de esto, la controversia crece y pone a prueba la estabilidad del gobierno, con sectores de la oposición exigiendo explicaciones más detalladas sobre lo ocurrido.